May 16, 2010

Una reflexión sobre la función legislativa

En el articulo “Una avalancha de consultas se le viene a los asambleístas” de Diario El Universo (16/05/10) donde se propone un nuevo procedimiento, si se quiere, para la aprobación de la ley en el pleno, se lee sutilmente varias invitaciones para la reflexión. Este escrito reune algunas de las mías.

La nueva propuesta es que las leyes antes de ser debatidas (y aprobadas) en el pleno de la asamblea, se las someta a una consulta popular. Antes, una ley sería elaborada por una comisión de la asamblea o enviada por el ejecutivo, (ii) se discutiría en el pleno y terminaría por ser aceptada[1]. Ahora, corríjanme si me equivoco, pero este nuevo procedimiento tiene una implicación muy fuerte por detrás: Al menos un criterio para la aprobación de una ley es su popularidad.

Y digo “popularidad” antes que “aceptación” o “rechazo” porque una consulta popular mide la aceptación o rechazo de los GRUPOS DE INTERES de la ley, de ninguna manera los transportistas o aduaneros podrán entender la magnitud e implicaciones de una ley bursátil o financiera, asi como tampoco los productores de software e importadores de maquinaria entenderán las implicaciones de una ley de tierras.



El desconocimiento e ignorancia de los grupos no involucrados hace que una consulta popular sea sesgada. Ellos tomaran la posición que tome algún referente importante, i.e. el presidente, el jefe de afiliación política, el arzobispo, algún organismo internacional o algún dirigente gremial, entre otros.

Sin embargo, no podemos considerar que el diseño de este “nuevo procedimiento” de aprobación de leyes carezca de fundamentos[2]. Evidentemente realizar una consulta popular sobre alguna ley tiene sus ventajas: El pueblo ecuatoriano tiene la aparente oportunidad de expresar su opinión, y si la ley resulta un tremendo fracaso, los asambleístas podrán culpar al “pueblo”, compartiendo la responsabilidad y culpabilidad.

Desde mi punto de vista, todo apunta a que el pueblo termina perdiendo. Si una ley es buena, se somete a consulta popular y es aceptada[3], entonces el gobierno habrá perdido una cantidad importante de recursos que pudo emplearse es determinar efectivamente que era buena; Si la ley es buena y es rechazada, además del dinero perdido, el pueblo ha perdido una ley que era beneficiosa; Si la ley es mala y es aceptada, entonces se habrán perdido el dinero empleado en la consulta con el agravante de un perjuicio mayor a la sociedad, y finalmente, y este parece ser el único caso donde tiene sentido hacer una consulta popular: Si la ley es mala y es rechazada, entonces la cantidad de dinero perdida no se compara con el perjuicio social que hubiera implicado la vigencia de la ley.[4]



En todos los casos mencionados, he hablado del costo de la consulta popular. Indiscutiblemente realizar una consulta popular tiene unos costos muy elevados tantos para al presupuesto del estado, como a la producción nacional y a las empresas. Fácilmente podemos apreciar el componente que afecta al estado: el dinero gastado en la promoción, elaboración y realización de la consulta. Con un poco más de análisis podemos incluir el costo a la producción nacional: el tiempo dedicado a la votación es tiempo que NO puede dedicarse a producir bienes y servicios, entonces la producción disminuye. Y con más análisis podemos ver el costo a las empresas: la cantidad de personal operativo necesaria para la consulta popular disminuye la cantidad de desempleados y la aumenta cantidad de dinero en la economía, generando salarios más altos e inflación.

Ahora esto podría querer evitarse cada vez que sea posible, ¿no? De tal forma que solo las leyes, como se menciona el artículo de diario El Universo, que afecten a los derechos colectivos se sometan a una consulta popular. Esto hace más sentido.

Sin embargo, esta afirmación también tiene una implicación muy fuerte por detrás: Los asambleístas ya NO representan la voluntad popular, y por eso es necesario llevar la ley a consulta popular. De alguna forma parece entonces que no están cumpliendo al menos esa función.[5] Sin embargo esto no es necesariamente algo no deseable.

Tener un ente estatal que se encarga de la redacción de leyes con un criterio técnico que sea capaz de enumerar las implicaciones, tanto positivas como negativas de una ley, así como cuantificar los beneficios y perjuicios para la sociedad de la misma, para que el pueblo ecuatoriano tome una decisión informada y racional constituiría una tipo de democracia sin precedentes.

Pero tremenda utopía que resulta pensar en nuestros asambleístas con criterios técnicos...



[1] Evidentemente el proceso es mucho más complicado de lo que se expresa en estas líneas, sin embargo el fin de este párrafo es delinear los pasos fundamentales del proceso.
[2] Que sean fundamentos técnicos o no, no es asunto de esta reflexión. Sin embargo la legitimidad de estos fundamentos es históricamente cuestionable para el Ecuador.
[3] Valdria la pena investigar que sucede si la le yes rechazada. ¿se somete a revisión o se desecha?
[4] A pesar que he tratado de cubrir los casos imporantes, el verdadero analisis economic deberia plantearse se con la siguientes conbincacoines: ley Buena/mala, consulta aceptada/rechazada, pleno aceptada/rechazada.
[5] Recuérdese que ademas tienen funciones fiscalizadoras, etc.

5 comments:

Alexander said...
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Alexander said...

interesante el articulo, tengo una duda con la vision panpramica que refieres en él; es a largo plazo y en realidad son picos en los gastos publicos la cual no tendria un efeto colateral como el que tu indicas...no se dame una referencia mas a fondo en tal caso me equivoque

Juan Jose Salcedo said...

Indiscutiblemente Alexander, es un error de premisa afirmar que un pico de gasto estatal puede generar de manera persistente elevacion de precios para catalogarlo como inflacion.

Asi como tampoco el impacto en la fuerza laboral empleada sera suficiente para elevar de manera significativa los salarios.

Sin embargo, la no posibilidad de estos escenarios obedece unicamente a la no persistencia de sus detonantes en el tiempo, esto lo digo porque el concepto de inflacion por gasto de estado, asi como alza de salarios por reduccion de la fuerza laboral, son teorias economicas aceptadas.

Por otro lado, creo que el ese parrafo cumple una finalidad un poco mas importante: (i) esboza brevemente como cada accion en la economia tiene repercusioens en areas que uno muchas veces no contempla, y (ii) exagera las implicaciones negativas de un gasto estatal que seria deseable evitar, para crear conciencia dentro del lector.

Alexander said...

Claro estoy de acuerdo contigo. En si lo primordial que das a demostrar en este script es, si vale la pena o no utilizar recursos para cosas que ya estan dadas o mejor dichos reprersentadas. En este caso seria representada por la asamblea contituyente, lo cual repercute en un doble gasto estatal. Y es verdad se debe tomar conciencia de ello porque esos recuersos podrian ser bien utilizados para otras actividades que si podrian generar mayor bienestar social y por ende economico.

Juan Jose Salcedo said...

jaja.. esa es la linea que resume todo mi articulo... hacer una consulta popular es incurrir en doble gasto estatal!